¿Te gustaría conocer más sobre el recurso de inconstitucionalidad? En Legaling queremos darte más información sobre este interesante mecanismo que permite que las leyes constitucionales puedan respetarse, evitando así situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
En esta oportunidad te explicaremos los detalles más relevantes del Recurso de Inconstitucionalidad junto a sus características principales; asimismo aprenderás quiénes pueden solicitarla. Se trata de un importante proceso que debes conocer en caso de que esta situación llegase a ocurrir; sabrás exactamente qué está sucediendo y por qué.
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¿Qué es el Recurso de Inconstitucionalidad?
Antes de comenzar a explicarte los complejos procesos que deben ocurrir para presentar este recurso y volverlo válido, primero debes entender con exactitud qué es.
Muchos países pasan por situaciones donde sus constituciones se ven severamente impugnadas por miembros del propio estado, instituciones específicas, ministerios, entre otros; que generan leyes y normas que están en contra de lo establecido en la constitución.
Esto último, como entenderás, puede traer graves consecuencias para una comunidad, sobre todo si las leyes constitucionales impugnadas son de extrema importancia. Para evitar este tipo de futuras situaciones conflictivas, se creó este procedimiento.
Básicamente se trata de un método de impugnación que se encuentra establecido en la Constitución del 78’, la misma le da potestad a determinadas instituciones y personas a presentarse ante el Tribunal Constitucional cuando tengan la seguridad de que alguna ley o disposición normativa son contrarias a las leyes constitucionales.
¿Qué dice la ley sobre el Recurso de Inconstitucionalidad?
Este procedimiento se encuentra regulado dentro de la misma Constitución Española, más específicamente en los artículos 161 y 162 que indican que el Tribunal Constitucional tiene autoridad en todo el territorio nacional, agregando que:
“Del Recurso de Inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.”
También se explica con suma claridad que el Tribunal Constitucional no solamente tiene jurisdicción en momentos que utilice el Recurso de Inconstitucionalidad; también son un elemento de importancia cuando ocurran conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Agrega que el gobierno tiene la oportunidad de impugnar ante el tribunal resoluciones y disposiciones creadas por las instituciones de las Comunidades Autónomas.
En este último caso, se procederá a la suspensión de dicha resolución o disposición que está creando el conflicto; sin embargo, el tribunal tiene solo cinco meses para realizar una rectificación o un retiro total de la misma.
Por otro lado, los artículos que están desde el 27 al 34 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional también avalan este recurso. El artículo 27 indica que el tribunal garantizará la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad de disposiciones, actos impugnados o Leyes.
¿Cuáles leyes son susceptibles al Recurso de Inconstitucionalidad?
El artículo 27 de la Ley del Tribunal Constitucional específica y enumera cuáles son las leyes que pueden ser afectadas y susceptibles al recurso.
En primera instancia tenemos los Estatutos de Autonomía y otras leyes orgánicas. Tal como dijimos anteriormente, el tribunal tiene el poder de realizar una suspensión de leyes en las comunidades autónomas siempre y cuando las mismas sean contrarias a las que establece la constitución.
También son susceptibles las leyes, actos del Estado que tienen una fuerza de ley y disposiciones normativas. Ten en cuenta que el Recurso de Inconstitucionalidad también afecta a los Decretos legislativos; aunque en este caso el artículo 82, número seis, de la Constitución Española dice que sin perjuicio de la competencia de los tribunales, las leyes de delegación podrán tener fórmulas adicionales de control.
Los tratados internacionales, los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales, Las Leyes, actos, disposiciones normativas de las comunidades autónomas y Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; son otras de las leyes que se ven directamente afectadas con la utilización del Recurso de Inconstitucionalidad.
¿Quiénes pueden ejercer el Recurso de Inconstitucionalidad?
Ahora que conoces las leyes que pueden ser afectadas si se utiliza el Recurso de Inconstitucionalidad, llegó el momento de saber quiénes son los indicados para realizar este procedimiento. En este sentido el artículo 162 de la Constitución Española específica las personas e instituciones legitimadas por la ley.
Puede ser solicitado por el Presidente del Gobierno y el Defensor del Pueblo. Igualmente si 50 diputados deciden que alguna ley está en disconformidad con la constitución; así mismo sucede con los senadores.
Con respecto a las comunidades autónomas, los colegiados ejecutivos y las asambleas propias de estas comunidades son las indicadas para invocar el recurso. Algo interesante es que las personas naturales y jurídicas también pueden realizar el procedimiento, siempre y cuando invoque un interés legítimo tal como el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal.
Los ciudadanos particulares no tienen la legitimación para poder plantear el recurso. Un dato curioso sobre esto es que en varios países sudamericanos el procedimiento de institucionalidad puede ser planteado por organizaciones civiles y ciudadanos preocupados
¿Cuánto dura el Recurso de Inconstitucionalidad?
Para presentar este recurso las instituciones y particulares legitimados tienen alrededor de 3 meses desde la publicación oficial de la disposición que se quiere cambiar o suspender; sin embargo, en los casos de conflictos entre las Comunidades Autónomas y el Estado, este periodo de tiempo puede aumentar a 9 meses siempre que se sigan los requisitos del artículo 33.2 LOTC.
Si se procede a la suspensión, luego de una tramitación donde se presentarán las alegaciones en un plazo de 15 días que deben resolverse en 10 días; el Tribunal Constitucional tiene cinco meses para tomar acciones que pueden ser desde retirar la resolución y disposición o rectificarla.
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