nulidad de actuaciones civil

Cuando hablamos de la nulidad de actuaciones nos referimos a ese término jurídico que se refiere a la invalidez  de cualquier procedimiento desde que se comete alguna infracción procesal de gran importancia, si no te queda claro el concepto en Legaling te explicamos todo lo que debes saber.

Se trata de un instrumento legal muy importante que busca la defensa de los derechos de las personas durante un proceso penal.

Cuando esto sucede es necesario comenzar nuevamente con el proceso de ejecución desde el punto donde se cometió la infracción o falta.  Esta figura jurídica de nulidad de actuaciones tiene su marco legal en la Ley de Enjuiciamiento Civil (ver aquí)  y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver aquí)

¿Qué es la nulidad de actuaciones?

recurso de nulidad de actuaciones

Es una sanción dispuesta en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 promulgada el 7 de enero, específicamente en Capítulo IX del libro I denominado “De la nulidad de las actuaciones judiciales” y que se relaciona con las garantías procesales las cuales pueden retrotraerse a causa de algún vicio o infracción en el debido proceso.

La nulidad de las actuaciones se enmarca en tres principios jurídicos fundamentales: La absorción de la nulidad de las actuaciones, la necesidad de que la infracción sea una implicación de indefensión y no se quede en formalismos, y que logre subsanar y corregir los errores, incluso retrotrayendo las actuaciones realizadas para mantener la validez de cada uno de los actos y procedimientos procesales.

¿Cuándo se puede pedir la nulidad de actuaciones?

Tomando en cuenta la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 238 sobre los motivos que originan la nulidad de las actuaciones, indica en cuales circunstancias puede pedirse. Esto será cuando los actos procesales tengan las siguientes causales:

  • Sean realizados con intimidación o violencia, es decir cuando para tener el consentimiento se hace uso de la fuerza o se aplica un temor racional a la persona (cónyuges, descendientes, ascendientes o bienes).
  • No respete las normas básicas de procedimiento y se produzca la indefensión, es decir que se haya obviado el procedimiento respectivo y esto haya causado la indefensión en la parte.
  • Se realicen con falta de jurisdicción o de competencia objetiva, es decir; cuando los supuestos recaen sobre la totalidad del proceso  y no en sólo uno de sus actos.
  • Cuando en estos actos estés sin el acompañamiento de un abogado (cuando la ley lo disponga como obligatorio).
  • Se establezcan las distintas leyes procesales.
  • Cuando se realicen vistas sin la intervención del Secretario Judicial.
  • En el resto de casos que la ley orgánica del poder judicial y la ley de enjuiciamiento civil así lo dispongan.

¿Quién puede solicitar la nulidad de actuaciones?

El artículo 538  de la Ley de Enjuiciamiento Civil  (LEC) indica que las siguientes personas pueden solicitar la figura jurídica de nulidad de actuaciones, denunciando alguna infracción de normas que regulen cualquier acto concreto  del proceso de ejecución:

  • Aquellas que sean parte del proceso de ejecución.
    • Aquellas que sin perjuicio de lo dispuesto aparezca como acreedor en el título ejecutivo; como quien aparezca como deudor en el mismo título.
    • Aquella persona que responda personalmente de la deuda legalmente o en virtud de afianzamiento debidamente acreditado.
    • También podrán solicitar la nulidad de actuaciones, aquellas personas frente a las que no se haya despachado la ejecución y cuyos bienes haya dispuesto el tribunal.
    • Aquellas donde el ejecutante indujera al tribunal a extender la ejecución frente a  personas o bienes que el título no autoriza, será responsable de los daños y perjuicios.
nulidad de actuaciones penal falta de notificacion

¿Cómo pedir la nulidad de actuaciones?

Para poder ejercer el derecho de la nulidad de actuaciones en el proceso de ejecución, cualquier persona puede hacerlo por cualquiera de estas vías:

En primera instancia puede pedir la nulidad de actuaciones mediante el recurso de reposición, el cual está expresamente establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil  si sucediera que la infracción se cometiera en resolución del tribunal de la ejecución o del secretario judicial.

De no existir una resolución expresa frente a la que recurrir, se puede solicitar la nulidad de actuaciones por medio de un documento dirigido al Tribunal.  Es importante destacar que dicho escrito debe expresar con claridad la actuación de la cual se está solicitando la nulidad.

Otra manera factible para solicitar la nulidad de actuaciones es mediante un recurso de apelación, sólo aplica para los casos expresados en la ley.

Una vez comenzado este procedimiento de solicitud de nulidad de actuaciones, el afectado debe comunicar que ha sido vulnerado en las normas procesales que le ocasionaron una indefensión y se comunica al juzgado correspondiente el recurso utilizado.

Para hacerlo, se puede hacer un escrito sencillo al juez donde denuncia la infracción procesal ocurrida, que solicita una nulidad de actuación y por tanto se ha producido indefensión. Es lo que se denomina nulidad de actuaciones por indefensión.

Es indispensable que el afectado se apersone para hacer esta solicitud y definitivamente se anule esta actuación.

Importancia de la nulidad de actuaciones

El instrumento jurídico de nulidad de actuacioneses una oportunidad para corregir la infracción de derechos fundamentales que hayan podido cometerse por algún órgano jurisdiccional.

Esta vulneración de derechos será resuelto por el propio tribunal que dictó la resolución de la actuación que se solicite anular.

Si se logra la nulidad de actuaciones, de acuerdo a la LEC en su artículo 230, no significa que en sucesivas actuaciones que fueren independientes de la primera también serán declaradas nulas.

La importancia fundamental del instrumento jurídico basado en la nulidad de las actuaciones, es la posibilidad de que los organismos judiciales que conforman el poder judicial pueda proteger los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución nacional. De esta forma se garantiza que el tribunal constitucional tenga una actuación subsidiaria.

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